En el terreno político
se agudizan los mecanismos de control y represión, la libertad de expresión se
ha visto fuertemente amenazada y cada vez son menos los medios de comunicación.
El poder de coercitividad de la oposición es cada vez menor. La diferencia
entre los poderes públicos parece inexistente; en 2015 el poder Ejecutivo podrá
legislar en diferentes materias gracias a la Ley Habilitante
recientemente aprobada.
De igual forma, la baja
popularidad del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que en el mes de marzo
tenía una aprobación de 25,0%, puede traer como consecuencia una disminución
tanto de la capacidad de pago (si se traduce en protestas y disturbios que
afecten el desempeño de la actividad económica) como de la voluntad de pago
(los beneficios de caer en incumplimiento de pago son mayores a los de no
caer).
En el marco
institucional destacan la poca credibilidad del Gobierno al momento de ejercer
las políticas, la discrecionalidad en la toma de decisiones, la opacidad en la
información, la transgresión de los mecanismos institucionales y la corrupción
del mismo sistema. Por su parte, la sinergia de los actores parece inexistente.
El Gobierno se ha encargado de crear un rol protagónico en cada aspecto de la
economía, para así garantizar su presencia en cualquier actividad productiva y
dejar a un lado el papel del sector privado.
¿Sorpresa? Venezuela entre los peores. Entre
los instrumentos utilizados para medir el riesgo país, se encuentra el índice
EMBI+ de JP Morgan para los bonos de los mercados emergentes que muestra la
evolución del rendimiento de los instrumentos de deuda externa de los mercados
emergentes. Asimismo, muestra la diferencia en puntos básicos (pb) entre la
tasa de interés que deben pagar los países emergentes en bonos denominados en
dólares y la tasa de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.).
En Venezuela, el
comportamiento del índice EMBI+ se mantuvo relativamente estable entre 2010 y
2013, promediando 1.058 pb. Sin embargo, desde 2013, el índice ha incrementado
de forma sostenible, pasando de 754 pb en 2013 a 3.056 pb a mediados
de marzo de 2015.
En 2014, el índice EMBI+
se ubicó en promedio en 1.336 pb, lo que representó un incremento de 44,3% con
respecto al índice promedio de 2013. Sin embargo, fue a partir de agosto cuando
se inició el incremento sostenido del indicador, y apenas un mes antes, es
decir julio de 2014, comenzaron a caer los precios del crudo.
La caída abrupta y
sostenida de los precios petroleros desde mediados de 2014 ha impactado de forma
importante el desempeño del índice EMBI+. Desde el mes de junio del año pasado,
el coeficiente de correlación entre los precios del petróleo y el
comportamiento del índice EMBI+ se ha ubicado en -99,7%.
No obstante, en el año
2009, cuando el precio de la cesta venezolana cayó en promedio 34,8% con
respecto al año previo, la correlación con el indicador riesgo país fue de
-93,7%. A pesar de que la relación entre la percepción de riesgo y el precio
del crudo es evidente, el deterioro de la economía ha llevado a que los precios
petroleros sean hoy más determinantes.
El costo de oportunidad: renunciar al financiamiento externo. El
índice EMBI+ indica que el precio del financiamiento externo ya casi no es un
problema para el resto de los países latinoamericanos. El retraso en la toma de
decisiones y la indiferencia económica ocasiona que hoy en día Venezuela sea el
país más riesgoso de la región. Sacando a Argentina, que aún sufre las consecuencias
de la suspensión de pagos de 2001 (604 pb), y a Ecuador, que como país
petrolero también ha sufrido una merma en las exportaciones (840 pb), el índice
EMBI+ promedio del resto de los países de América Latina es de apenas 240 pb.
Hoy en día, solo Ucrania tiene una brecha de tasas mayor a la de Venezuela, con
un índice que se ubica en 3.934 pb.
Para los países
latinoamericanos, el promedio del índice EMBI+ para el mes de febrero se ubicó
en 532 pb, mientras que para Venezuela el índice promedió 2.776 pb, lo que
significa que mientras las emisiones en el resto de la región pagaban intereses
de 5,3 puntos porcentuales (pp) por encima de los bonos del Tesoro de EE.UU. en
promedio, los bonos venezolanos, pagaban en febrero alrededor de 27,8 pp por
encima de los bonos libre de riesgo.
Los altos costos del
financiamiento externo tienen claras repercusiones sobre la economía real. En
una coyuntura como la actual, en la que los mercados perciben un riesgo de
incumplimiento de pago, se reduce la disposición de otros países a comprar
deuda venezolana, dificultando la capacidad de inversión y de recuperación de
la economía del país. Recurrir a financiamiento externo, que en teoría podría
ser una herramienta para solventar la caída en los ingresos de divisas, es cada
vez más una opción menos rentable.
Para Venezuela, el
incremento del riesgo país y, por ende, el alto costo de la deuda externa es
una de las variables que muestra el costo de oportunidad de haber mantenido
este modelo. Si el Gobierno venezolano quisiera realizar emisiones de deuda
para reducir lo menos posible las importaciones en 2015, y con esto aminorar
los problemas de escasez y desabastecimiento, tendría que enfrentar un índice
EMBI+ 57,9% superior al del primer año del Gobierno del expresidente Hugo
Chávez.
Incluso sin mercados internacionales, algo se hace. Si
no se hacen los ajustes económicos necesarios y se siguen manteniendo las
distorsiones que ahogan cada vez más a la economía, la percepción de riesgo de
Venezuela no mejorará.
No contar con los
mercados internacionales para fines de financiamiento es costoso, pero el
Gobierno ha sabido cómo sobrellevar esta situación. China se ha convertido en
el “prestamista de última instancia”, y el recorte en las importaciones, debido
a la contracción de los ingresos en divisas, es cada vez mayor. Somos de la
opinión que si bien acceder a los mercados internacionales para financiamiento
es muy costoso, el Gobierno tiene otros mecanismos para evitar los ajustes y
seguir corriendo la arruga. El sector privado será en todos los casos el más
perjudicado por esta situación: contracción en las importaciones, monetización
del déficit que ocasiona presiones inflacionarias, depreciación de los
diferentes tipos de cambio, entre otros.
Además de esto, para
este año estimamos un déficit de caja alrededor de los US$25.577 millones, que
implicaría una fuerte contracción de las importaciones privadas. De este
déficit estimamos que el Gobierno ha recaudado: US$1.933 millones por el pago
de deuda de República Dominica, US$2.500 millones por las operaciones de
crédito de Citgo, US$7.000 millones financiados por China, US$3.000 millones
por las operaciones en oro y US$8.800 millones que es la posición actual de
recursos extrapresupuestarios del Estado, lo que nos dejaría aún un monto de
US$2.344 millones por financiar.
Incertidumbre para rato. El
Gobierno no ha dejado una ruta de acción clara, priorizando lo político sobre
lo económico. El escenario no es claro y mientras permanezca así el riesgo país
no disminuirá.
En reiteradas ocasiones,
el Presidente ha manifestado la voluntad del Gobierno Nacional de cumplir los
compromisos de pago con los tenedores de bonos y ha puesto el pago de la deuda
externa por encima del pago de la deuda al sector privado. Sin embargo, la
reducción de las importaciones tiene un límite. El incremento del riesgo país
que obtiene Venezuela no se debe a que los inversionistas se cuestionen la
falta de voluntad de pago; lo que hoy es una verdadera preocupación para los
tenedores de bonos es si el país tiene la capacidad de hacerlo.
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